Un país que camina en retroceso con una institucionalidad podrida (27.02.2024)
Hace poco fueron dados de baja más de mil trecientos policías, en su mayoría por actos de corrupción, también ha sido denunciado que armas del Perú son vendidas o alquiladas a delincuentes nacionales y del Ecuador; incluso el arma que mató al candidato presidencial ecuatoriano es de procedencia peruana y nadie se inmutó. Por otro lado, el premier Otárola anuncia que se restaurará el curso de Educación Cívica, para que los peruanos conozcan la Constitución, sus deberes y derechos ciudadanos. Pero nadie del gobierno se atreve a prohibir que el SUTEP, organización “clasista” que aglutina a los profesores del Perú continue en su labor destructiva de la institucionalidad desde las aulas; los profesores son contratados para contribuir a reproducir la institucionalidad del país y a ellos les paga el Estado con los impuestos de todos los peruanos, pero nadie se atreve a tocar su trabajo de zapa contra el país.
Así mismo, el sistema judicial y la fiscalía de la nación, están corroídas hasta la médula, es toda una podredumbre institucionalizada e igualmente pagada por el Estado; y en estas instituciones todo tiene un precio, los trámites, los nombramientos, las sentencias, las libertades que otorgan, nada está libre de tan sucia y baja conducta de profesionales del derecho y la legalidad y el Colegio de Abogados se mantiene en silencio sepulcral. Así ha quedado demostrado de las primeras declaraciones del asesor Jaime Villanueva de la Fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides Vargas.
Conforme pasan los días, no sabemos si exactamente los medios de comunicación interesados o los mismos involucrados y los otros nombres que al parecer seguirán surgiendo, se están encargando de distorsionar lo declarado y se encuentran manifestando que se trata de declaraciones fantasiosas, imaginarias que nunca ocurrieron. Todo un ardid de abogados e involucrados para descalificar declaraciones de quien está vinculado a ministerio público por varios buenos años, de modo, como dice el dicho popular, la sabe todas y de todos. Además, sus declaraciones tendrán que ser corroboradas, y si acaso fueran inventadas, el informante estaría poniendo en riesgo las ventajas que ahora ha obtenido como “colaborador eficaz” de la fiscalía que investiga la destitución de la Junta Nacional de Justicia, la nominación del Defensor del Pueblo, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Lo cierto es que, en este sector, donde la justicia debe ser ciega, es tuerta porque el otro ojo lo tiene abierto para verificar si las sumas ofrecidas de dinero o los cargos prometidos se cumplan según estos compromisos oscuros contraídos; por todos estos aspectos, el sistema judicial, requiere de un cambio radical, cambio que se debe de producir desde fuera, porque los cambios “radicales” que entre ellos mismos se producen, es cambiar mocos por babas, que el país los conoce de memoria.
El Congreso por otro lado, con su descalificado presidente, no es garantía de nada para restaurar la institucionalidad que se desploma corroída por la corrupción de todo tipo. Está abocada a llegar al 2026 acumulando todos los bonos que les permita asegurar la voracidad de su ilimitada ambición por el dinero. Pocos se salvan, pero al final se respaldan con las leyes que ellos mismos dictan para su beneficio. Son estos congresistas tan inmorales y carentes de ética que los “mocha sueldos”, todos están inmunes y a nadie del congreso les interesa acusarlos con efectividad y entregarlos a la ley.
¿Y los partidos políticos? Simplemente no existen, los llamados tradicionales (Apra, Acción Popular, Partido Popular Cristiano) han sido devorados por otro tipo de “partidos políticos”, que son personales, de grupo o mafias que ven en el Estado, el gran botín al que hay que llegar a través del voto popular. Por eso es que no es extraño que 23 de los 25 gobernadores regionales que cumplieron su mandato en el 2022, estén investigados, procesados y otros encarcelados.
El hecho mismo que ahora existen 30 organizaciones políticas que aspiran llegar al poder el 2026, es una constancia de que la actividad política no está orientada a resolver los problemas del desarrollo del país sino a apropiarse de los presupuestos millonarios del Estado distribuido en el gobierno central, las regiones y los municipios.
El Perú se encuentra en un franco retroceso en sus actividades políticas y en una quiebra de la institucionalidad corroída por la corrupción, la impunidad y la delincuencia que afecta la seguridad ciudadana. Los valores éticos y morales han desaparecido en estos hombres y mujeres que conducen las instituciones. El Perú en estos momentos tiene con claridad varios indicadores de un Estado Fallido, donde las instituciones existen, pero nadie les hace caso. Todos estos hechos dificultan que el país pueda ser incorporado como socio de la OCDE, trámite que viene haciéndolo hace diez años.
Finalmente, hay que señalar que estando la economía en recesión y con estimaciones proyectadas a tener un crecimiento de 2.0% en el 2024, nos encontramos con dos acontecimientos que se producirán a fines de año, la reunión de APEC que convoca a 21 economías ( Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea, Chile, República Popular China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipéi Chino y Vietnam), reunión que por tercera vez se produce en el Perú.
El otro acontecimiento de importancia que en simultáneo se producirá es la inauguración del puerto de Chancay, que responde a los objetivos y proyecciones geopolíticas de China; este puerto que se indica será el más importante de Latinoamérica en la proyección china del Asia con el Pacífico, encuentra al país carente de la infraestructura de comunicaciones internas con todos los países vecinos.
Es una verdad que ningún partido político cuenta con una propuesta geopolítica, como también es verdad que en el Estado se carece de una visión geopolítica que convierta al país en una talasocracia (dominio del mar) y telurocracia (dominio del continente) simultáneamente. Estas son propuestas que en sendas publicaciones vengo proponiendo desde 1994.
Por —Dr. Jaime Raúl Castro, Sociólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Curso de Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa (1984-1985). Viceministro de Defensa (2005), Director General de Política y Estrategia (2004) en el Ministerio de Defensa, Subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI-2007-2009) Secretario General de la Contraloría General de la República (1989-1990). Egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington (1984-1985). Catedrático del CAEM desde 1971; asesor en el Curso de Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú; catedrático en el Curso de Alto Mando del Ejército; catedrático en la Escuela de Inteligencia Conjunta de las Fuerzas Armadas (2011). Especializado en asuntos de Seguridad, Defensa Nacional, Seguridad Hemisférica, Geopolítica y relaciones civil-militares.
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