«Ante la denegación fáctica de la confianza, y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República».
Dicho esto, siendo las 5:44 pm hora peruana del 30 de septiembre de 2019, y en virtud del artículo 134º de la Constitución Política del Perú[1], y por mandato del Presidente Constitucional de la República Martin Vizcarra, el Congreso de la República del Perú para todos los efectos, quedo DISUELTO, quedando en funciones una Comisión Permanente presidida por el ex Presidente del Congreso Pedro Olaechea, hasta que dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución se realicen las elecciones para el nuevo Congreso.
1. El final de un enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo
Con este acto terminaba un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por la instrumentalización de varias reformas constitucionales[2] que el Ejecutivo llevará a consulta popular mediante Referéndum del 11 de Diciembre de 2018 y que tenían como principal objetivo mejorar la institucionalidad de la nación a efectos de frenar la espiral de corrupción desatada por el escándalo del Caso Odebrecht (que determinó la prisión por 9 meses y actual comparecencia restringida del ex Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y la Primera Dama Nadine Heredia por lavado de activos; la renuncia del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski y la posterior investigación que determinó su arresto domiciliario por 36 meses a la fecha por el delito de lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal; la actual prisión provisional en EEUU del ex presidente Alejandro Toledo por lavado de activos; el suicidio de Alan García Pérez, al descubrirse que este recibió pagos ilegales por 4.5 millones de dólares de Odebrecht, y la actual prisión preventiva de la candidata a la presidencia en las elecciones del 2016 Keiko Fujimori Higuchi, por el Caso Cócteles, al descubrirse aportes por parte de Odebrecht a su campaña electoral), aunado a la red de corrupción dentro del órgano encargado de la elección de jueces y fiscales (el Consejo Nacional de la Magistratura), descubierta por una serie de audios que revelan ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios.
Todo esto llego a un climax con el hecho principal que motivo la sucesión de acontecimientos actuales, en ello, el muy cuestionado procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que salió a la luz gracias a la denuncia de Marianella Ledesma, magistrada del TC, que reveló que por parte de miembros del Congreso hubo un llamado para que los siete magistrados del TC votasen de manera unánime a favor de la libertad de Keiko Fujimori, bajo amenaza de ya no ser escogidos en las nuevas elecciones a ese órgano constitucional que se realizaría en el Pleno del Congreso el 30 de septiembre, procedimiento que es atribución exclusiva del Congreso. Congreso, que dicho sea de paso era de mayoría Fujimorista, así es, del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Esto determinó, precisamente, que desde el Ejecutivo se presentara un proyecto de ley de reforma del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para garantizar que el proceso de elección de magistrados del TC fuera transparente, esto fue acompañado de una cuestión de confianza[3], y con carácter de URGENTE[4], lo que significaba que el Congreso para tratar el tema de la elección de magistrados, debía previamente a ello, resolver la cuestión de confianza sobre este proyecto de ley, que dentro de sus considerandos preveía precisamente que este proyecto se aplique al procedimiento de elección de magistrados en curso.
Sin embargo, el Pleno del Congreso votó en contra de la moción que buscaba suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, a sabiendas que la cuestión de confianza residía precisamente sobre ese punto en particular, acto seguido, eligieron a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Configurando así el no otorgamiento de la confianza (la crisis total del gabinete), y que el Presidente de la República se haya encontrado expedito para disolver el Congreso dentro de su estricta facultad constitucional. Todos los peruanos vimos en televisión nacional como al mismo tiempo que el Presidente Disolvía el Congreso, y en un acto de total desesperación, el Congreso aprobaba la Cuestión de Confianza.
A la disolución del Congreso, vino la respuesta del mismo, la presentación de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el Presidente de la República y por ende el nombramiento de un nuevo Presidente de la República, cargo que recaería en la Vicepresidenta Mercedes Araoz, ya eran las 9:02 pm del 30 de septiembre. Luego y siendo las 12:20 pm, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada emite un comunicado dando su total apoyo el Presidente de la República Martin Vizcarra, precisando que en virtud al artículo 167º de la Constitución, el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Al día siguiente, el 01 de Septiembre, Mercedes Araoz, la Presidenta de la República designada por un Congreso Disuelto (que nos recuerda a Juan Guaidó, con las diferencias del caso), terminó renunciando al mismo mediante escrito presentado al ex presidente del Congreso Pedro Olaechea, esperando que con su renuncia se convoque a elecciones generales (presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos), claramente siguiendo el discurso del Disuelto Congreso. Sin embargo, a esas alturas el Decreto de Disolución ya había sido emitido por el Ejecutivo, y la Disolución del Congreso seguía su cause constitucional, en tanto que, al día de hoy, ya se ha convocado a elecciones, solo para el nuevo Congreso para el 26 de enero de 2020, como manda la Constitución.
No entraremos a tallar en los aspectos técnico-jurídicos, que determinaron una efímera polarización de los juristas peruanos, quienes afirman que la Cuestión de Confianza es inconstitucional y por ende la Disolución del Congreso también (postura que es compartida por la oligarquía peruana reunida en la CONFIEP[5] y por los liberales, conservadores liberales y libertarios de siempre). Lo cierto es que un Congreso Disuelto no puede vacar a nadie y menos juramentar a un nuevo Presidente. Para todos los efectos, Martin Vizcarra, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y del pueblo (o al menos de una parte importante de este), sigue siendo el Presidente de Facto de la República del Perú, lo que se refrenda aún más con la reciente renuncia de Mercedes Araoz. Sin embargo, en estos momentos hay una fuerte presión por parte del Disuelto Congreso para que Vizcarra también renuncie y se convoque a elecciones generales.
2. Una mirada cuarto teórica a la crisis política peruana
Visto los antecedentes y hechos del caso, ¿Qué le depara a nuestra República a partir de ahora? ¿Qué significan todos estos acontecimientos para el Peruano de a pie? ¿Qué aprendizaje popular podemos sacar de esta crisis? Y sobre todo ¿Qué cabe concluir de todo ello? Responderemos brevemente estas interrogantes desde un enfoque cuarto-teórico.
a) ¿Qué le depara a nuestra República a partir de ahora? y ¿Qué aprendizaje popular podemos sacar de esta crisis?
Lo que seguirá a continuación de los acontecimientos es la elección de nuevos Congresistas, conforme al cause constitucional. Lo cual es un llamado de atención a toda la ciudadanía, ya que esos mismos 130 Congresistas del ahora disuelto Congreso, fueron elegidos por voto popular, así como los anteriores Presidentes que se vieron involucrados en el Caso Odebrecht. Es una fuerte llamada de atención a los criterios que tiene el ciudadano para la elección de sus representantes y de que, si queremos realmente un cambio, debemos comenzar por cambiar nuestra actitud ante la política de nuestro país, lo que implica cortar el remolino de despolitización en la que nos ha sumido la realidad posliberal. Que ha generado peruanos despolitizados, desidentificados con su patria y alienados. Lo que deja el vacío propicio para que personas inmorales que no deberían hacer política, la ejerzan. Para que las personas corruptas que no deberían postular a cargos públicos, lo hagan; y para que los candidatos lobbistas que ni siquiera deberían ser opciones, continúen siendo elegidos. Es la sentencia platónica la que se reafirma con contundencia el día de hoy: «Porque el mayor castigo para el hombre de bien, cuando rehúsa gobernar á los demás, es el verse gobernado por otro menos digno»(1872:92).
De otro lado, estos acontecimientos se nos presentan como una prueba fidedigna de que la democracia liberal en el Perú, ya no goza más de legitimidad ante el pueblo, y que el sistema republicano liberal fundado en 1821, ya cumplió su ciclo histórico, en tanto los acontecimientos han demostrado total y absolutamente que la democracia liberal solo permite la participación a través de un sistema de partidos, generando con ello que los intereses de éstos se enquisten y se cartelicen de espaldas a la sociedad, parafraseando a Baños (2006:46), aunado a la ausencia de filtros mínimos para el ejercicio político sin los cuales no se puede garantizar la presencia de personas integras en la política y la transformación de los partidos en lobbies que velan por los intereses de quienes los financian, como se vio con el caso Odebrecht.
Estos hechos, que sabemos que han sido el denominador común en la historia contemporánea de Iberoamérica, no solo en el Perú, reafirman la tesis del filósofo ruso Alexander Dugin sobre la laocracia, como un imperativo histórico a desarrollar, como aquel gobierno sustentado en el poder del pueblo, el Estado como instrumento del pueblo, por oposición a la democracia liberal, que de la experiencia peruana es el gobierno de los lobbies.
b) ¿Qué significan todos estos acontecimientos para el peruano de a pie?
Para el peruano de a pie, fue un espasmo total, nadie se esperaba que llegáramos a una Disolución del Congreso, pero todos o la gran mayoría de peruanos ve la medida como necesaria, y sobretodo, esto ha ayudado a reconocer un nuevo paradigma en la política peruana.
Las elecciones del 2016 para los peruanos de izquierda, fue entre el fascismo fujimorista de Keiko (una suerte de Bolsonara peruana apoyada por pequeños empresarios y un importante sector neopentecostal) y el liberalismo progresista de Pedro Pablo Kuczynski (conocido popularmente como PPK, el candidato de los empresarios). Es en este mismo reaccionarismo que la misma izquierda representada por Verónica Mendoza del Frente Amplio (que perdiera en la primera vuelta de las elecciones) llamara a votar por PPK para evitar que el Fujimorismo llegara al poder (la retórica del mal menor), lo cual en efecto sucedió con la victoria de PPK, pero fue una victoria menguada, dado que Fuerza Popular de Keiko obtuvo la mayoría congresal.
Una gran mayoría de peruanos se regocijaron de la victoria de PPK, llamándole, el Presidente de Lujo, por su experiencia profesional, sin embargo, como todo liberalismo progresista, su gobierno estuvo en consonancia con una política que muchos tildaron guiada por la ideología de género, en materia educativa. Lo que generó que el Congreso explotara estos temas para enarbolarse como baluarte de valores frente a un gobierno que apoyaba propuestas contrarias a los intereses y al ethos de la nación. Es de mencionar la presencia de una fuerte oposición neopentecostal en el Congreso, a través de una denominada Bancada Evangélica, conformada por congresistas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio (partido de PPK) y Alianza para el Progreso. Luego llego el derrumbe de PPK cuando fue investigado por el caso Lava Jato, lo que conllevo a una total crisis del gobierno y terminó con la renuncia de PPK y la toma de mando por parte del Vicepresidente Martin Vizcarra.
Martin Vizcarra ahora Presidente, fue Vicepresidente, miembro del Partido Peruanos por el Kambio (ahora partido “Contigo”), que es un partido de derecha liberal progresista, sin embargo, después de todos los destapes de Odebrecht y la corrupción del CNM[6], Vizcarra tomo una postura de liberalismo cívico-reformista, independientemente de su buena voluntad en generar reformas que beneficien al país, pero que no por ello deja de ser una respuesta dentro del mismo liberalismo ante su crisis. Mas si al día de redacción de la presente, en el caso Odebrecht se está llevando a cabo la diligencia de interrogatorio a Jorge Barata, ex funcionario de Odebrecht por parte del Equipo Especial Lava Jato por los 71 codinomes (seudónimos) de funcionarios públicos y agentes privados a quienes la constructora habría sobornado.
Cuando explotaron todos los destapes de corrupción, a lo que se aúna todo lo ya mencionado, ese fue el momento cuando los peruanos se dieron cuenta que todo estaba podrido, que todo era mas de lo mismo, izquierdas, centros, derechas y sobretodo que, el Fujimorismo no es más que conservadurismo liberal, de esa postura que es conservadora para algunos asuntos (conservador en lo socio-político), pero totalmente liberal en la búsqueda de intereses particulares (liberal en lo económico). Es decir, que la realidad política del Perú es liberal, y que esa misma realidad es la que precisamente esta en crisis, y la que ha permitido que intereses económicos y particulares primen por sobre el interés nacional, porque esa es precisamente la naturaleza del liberalismo, refrendando a Alain de Benoist: «A medida que va desarrollándose, la casta económica atrae a sí la sustancia del Estado, subordinando poco a poco la decisión política a los imperativos económicos» (2002: 13-29)
c) ¿Qué cabe concluir?
Que las sociedades están despertando del sopor liberal, y el Perú es una prueba de ello, ya no es una cuestión si eres de derecha o de izquierda, el peruano de a pie se identifica con su patria y no con los partidos tradicionales, que ya no le representan, y si vamos por una postura dentro del espectro tradicional, pues que sea «Valores de Derecha, Ideas de Izquierda» en sintonía con la visión del filósofo italiano Diego Fusaro. La dicotomía ya paso a ser otra, ahora es el pueblo peruano contra una elite política que esta de espaldas al pueblo. Lo que reafirma nuevamente la visión de Dugin: «Al día de hoy ya no existen más izquierdas y derechas, sino solo el pueblo contra la elite»[7] (2018).
Israel Lira, Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Lima. Director Adjunto del Centro de Estudios Crisolistas (CEC) y Jefe del Departamento de Estudios en Filosofía y Política del CEC, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía (SPF) para el periodo 2020-2022, investigador independiente, columnista y ensayista. Asesor Técnico-Legal en Contrataciones con el Estado, Arbitraje y Juntas de Resolución de Disputas.
Referencias bibliográficas
PLATON. (1872). «Obras Completas». En: http://www.filosofia.org/cla/pla/azf07061.htm
BAÑOS, Jessica. (2006). «Teorías de la democracia: debates actuales». Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 2, núm. 4, junio, pp. 35-58.
BENOIST, Alain.(2002). «Critique de l’idéologie libérale».
DUGIN, Alexander. (2014). «Hacía la Laocracia». En: https://4tpes.wordpress.com/2014/11/03/hacia-la-laocracia/
Notas
[1]Artículo 134° de la Constitución Política del Perú.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
[2]Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, Retorno a un Parlamento Bicameral, Eliminación de la Reelección de Congresistas, Fiscalización en la Financiación de Partidos Políticos.
[3] Herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para buscar respaldo político en el Congreso, en asuntos de gestión de amplia.
[4]Artículo 105° de la Constitución Política del Perú.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
[5] Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
[6] Consejo Nacional de la Magistratura, órgano peruano encargado de la elección de Jueces y Fiscales.
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