Por una auténtica reconquista del orden y la disciplina en la educación nacional
El año pasado dábamos algunas ideas puntuales, derivado de un fotograma del momento y en relación al estado de la educación en el Perú, sobre la necesidad de una reforma de nuestro sistema educativo, tanto en sus aspectos operativos como programáticos. Con el reciente caso de violencia sexual contra un menor de edad, en el Liceo Naval en Lima, por parte de sus propios compañeros de estudio, que, al contrario de ser colegas en una vida común de búsqueda del saber y la moralidad, tornáronse en una imagen desencajada, lisiada y hasta podrida, que solo refleja nuestros fallos como sociedad.
Por ello, no solamente se refrenda nuestra premisa, de que la educación peruana, no solo necesita solucionar problemas históricos vinculados a la brecha de infraestructura educativa, a la deficiente formación de los docentes, a la baja calidad de textos escolares, al abandono que sufre la educación rural, y al historial de intoxicaciones por desayunos escolares en las instituciones educativas públicas. Sino que a todo ello se suma, el aspecto ético y axiológico, y de disciplina y orden, que es la base medular de todo proceso formativo educacional, ya que la escuela también debe ser el lugar, en donde, muy aparte de la instrucción de conocimientos básicos, para el postrer ejercicio profesional acorde a las tendencias e intereses de los estudiantes, es también y debe ser, un lugar donde se forme la conciencia ciudadana.
Y la formación de conciencia ciudadana, implica, necesariamente, por remisión a los lineamientos más básicos de convivencia para la propia existencia pacífica de la sociedad, en acatar las leyes de la República y velar por el bien común del cuerpo social. Asimismo, el principio de toda República, como forma de Estado, es la igualdad entre los hombres, como principio político, base de la idea de comunidad organizada; y la equidad de las necesidades como principio jurídico, base de la idea de justicia. Pero ¿Qué sucede cuando dentro de las propias instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, se minan estos ideales fundamentales? Como consecuencia de un acoso escolar descontrolado e invisibilizado por las propias autoridades educativas para, paradójicamente, proteger una imagen irreal y desdibujada de un prestigio de la imagen institucional que solo se sostiene endeblemente. Esto no puede generar otro resultado que una atrofia generalizada, cuyos efectos en el tiempo, tal vez, pueden ser contrarrestados por la sólida formación moral familiar.
Sin embargo, si en la propia unidad familiar se replican actitudes que menoscaban la idea de que todos somos iguales antes la ley, y de que todos merecemos un trato justo, independientemente de nuestro origen social, raíces étnicas o capacidades económicas, el daño se torna en irreversible (como se ha reflejado, no solo en el comportamiento soez y soberbio de algunos padres de los implicados en el caso Liceo Naval, sino también por los más que obvios y desvergonzados privilegios y tratos diferenciados evidenciados), tornándose la institución educativa (pero también nuestro propio cuerpo de policía y nuestro sistema de justicia) en caja de resonancia de todos los defectos de una sociedad que no quiere afrontar su fracaso en la formación de nuevas generaciones, porque la educación es uno de los escaparates más importantes que forjan el prestigio de las naciones. Y lamentablemente, el último caso del Liceo Naval (solo uno de tantos, tal vez), es la gota que derramó el vaso, de una serie de alertas no atendidas en su debida oportunidad y que hubieran podido evitarse si es que la disciplina y el orden hubiese primado por sobre la idea de que, ostentar un cargo o tener un determinado poder adquisitivo, es un pase libre para cometer cualquier tipo de acciones sin consecuencias. Deplorablemente, en el Perú, hay una tara que es un remanente del ethos de la República Oligárquica (1895-1919), en el hecho de que, toda persona que por razón de su cargo o por razón de su poder adquisitivo, si no hay una formación ética y cívica correcta (así como un sistema de justicia y policía imparcial), pueden llegar a pensar, más temprano que tarde, que las leyes que son imperativas para todos, para ellos son facultativas. Dicho de otro modo, que las normas que todos debemos cumplir, a ellos no les alcanzan.
Hay varios elementos que coadyuvan al fortalecimiento de la corrupción de una sociedad política, que, por osmosis, impactan en las bases del sistema, siendo una de estas bases, la educación. Los elementos tradicionales de la corrupción, conforme a nuestras propias reflexiones sobre Teoría de la Corrupción son, a saber, tres: el (i) aprovechamiento en distintas formas y modos de posición y/o cargos de poder; (ii) el uso privilegiado de información; y (iii) el pago de derechos de ingreso o paso, para recibir un servicio o tener acceso a un lugar o gozar de un beneficio que en principio no debería tener ningún costo. Estas tres cuestiones, aisladas o en conjunto, es decir, concebidas de forma independiente o de forma concurrente, se tornan en corrupción, cuando su objetivo se encuentra dirigido al enriquecimiento monetario personal en menoscabo de recursos públicos o privados. De acuerdo a ello, tenemos que, p.ej. el tráfico de datos fortalece la corrupción en su segundo elemento; los sobornos o coimas, fortalecen la corrupción en su tercer elemento; y el nepotismo fortalece la corrupción en su primer elemento. Y lo que nos ha demostrado el caso del Liceo Naval, es que el nepotismo en el Estado (que genera un aura de intocabilidad que deviene a su vez en una cultura tóxica de la impunidad, y que es replicada, expandida y sostenida por los familiares directos del funcionario o del servidor público de alto rango; en el caso Liceo por los hijos de oficiales), es un mal que debe ser extirpado de raíz. Y como se podrá ver, si el mal del nepotismo se extiende de padres a hijos, la responsabilidad progresivamente, y para mal de la unidad familiar, se torna en compartida, cuando los hijos ya alcanzan la adolescencia y comienzan a trasgredir normas directamente arropados bajo la protección de unos padres corruptos, y el fracaso de la sociedad en combatir este mal, se torna en doble. Porque hay que decirlo muy claramente, el nepotismo es también, como hemos visto, una forma de corrupción, que alimenta y expande la lógica corrupta en la sociedad.
El posfujimorismo nos ha vendido, por poco más de veinte años, la idea fuerza de que ellos eran los únicos capaces de reestablecer el orden en la sociedad peruana. Bien, nuestra lectura de los primeros cincuenta días de gobierno keikista, es que el keikismo parece disociarse, conforme pasa el tiempo, de uno de sus principales ejes programáticos en el tema del orden y la seguridad, precisamente, por el carácter improvisado del posfujimorismo. Y esperar una lucha anticorrupción desde el oficialismo, puede parecer para muchos una comparación jocosa, con el hecho de poner un queso en custodia de un par de ratones, pero ciertamente el oficiliasmo necesitará al menos algunas medidas correctivas si quiere remontar su nivel de aprobación, esta es la oportunidad para que Keiko cumpla su promesa de campaña, de “no gobernar como su padre”, y de recuperar algo de la institucionalidad minada por la corrupción. Y que mejor prueba que comenzar con atacar la corrupción en el sistema educativo. Sin embargo, para nosotros, es jocoso siquiera pensar que la figura de Keiko pudiera siquiera encumbrarse como la dama anticorrupción. Nos hace mucha gracia esa idea. Contrario sensu, un gobierno auténticamente nacionalista y de orden, hubiera ya optado en sus primeros cincuenta días, por medidas como las que nosotros propusimos en Marzo de 2025 en plena crisis de inseguridad ciudadana, que iban desde la disolución de la PNP (propuesta que se reafirma con las recientes sospechas de infiltración de la Polícia por parte de la criminalidad organizada), y el restablecimiento de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, pasando por la disolución del INPE, hasta el establecimiento de cadena perpetua para delitos de corrupción de funcionarios. Estas medidas, de amplio criterio nacionalista, parten del principio de reconquistar el Estado para el pueblo, ya que el nepotismo, precisamente, hace que el Estado solamente se ponga al servicio de unos sectores, dejando a otros relegados. Y es por esto que la relación entre desigualdad y corrupción es simbiótica. La corrupción genera desigualdad (por los accesos privilegiados que causa la corrupción), y la desigualdad genera más corrupción (por razón de necesitar replicar prácticas corruptas para sortear las desventajas ocasionadas por la desigualdad existente).
Lo que urge actualmente es que el orden y la disciplina retornen a las aulas, tanto en instituciones públicas como privadas (recordamos también el caso de violencia sexual en una institución educativa privada –Innova Schools–), y que el acoso escolar repotenciado por el nepotismo, sea exterminado de la faz del sistema educativo peruano. Esto último, consideramos, puede lograrse con cuatro medidas concretas:
(1) La creación del Registro y Acción Nacional contra el Acoso Escolar (a cargo de una nueva Dirección de Gestión de Riesgos en la Educación como parte de la ya existente Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar), una plataforma no solo de seguimiento sino también de contramedidas, donde al menos un funcionario del registro, presente de forma permanente, en toda institución educativa, pública como privada, canalicen denuncias estudiantiles luego de una investigación in situ con estudiantes y padres, para dar fe de los hechos. El Renae vendría a reemplazar al ineficaz SiseVe contra la Violencia Escolar del Minedu, que no ha dado ningún resultado concreto, más allá de un tema de estadísticas que si es importante tenerlas. El Renae sería de uso interno para el sistema educativo, identificaría víctimas y transgresores, así como también la actitud de los padres ante la violencia identificada, para promover acciones concretas diferenciadas, medidas de protección, sanciones ejemplares que pueden ir desde impactos en las calificaciones, sanciones también a los padres –en caso de ser funcionarios públicos y en caso de demostrarse abuso del cargo; en caso de ser privados, penalidades económicas–, hasta la expulsión definitiva de escolares en las instituciones educativas en casos de violencia grave. Y con esto último empalmamos con otra medida concreta.
(2) La urgente revisión de las normas que impiden la expulsión de estudiantes en casos graves de indisciplina y agresión. Como p.ej. la revisión del Decreto Supremo No. 004-2018-MINEDU, que da prioridad a la continuidad educativa tanto de la víctima como del agresor, poniéndolos casi en un mismo nivel. Sin embargo, es claro que, en casos graves como la violencia sexual, no se puede poner en un mismo nivel a la víctima con el agresor, y contrario al parecer del Minedu, consideramos que, la sanción de expulsión para estos casos, no sería un fracaso institucional, sino una victoria de la disciplina y del orden, al alejar elementos antisociales de los ambientes escolares que deben asumir las responsabilidades que dieren a lugar por razón de sus actos. Y sabemos que la expulsión no implica la pérdida per saecula del acceso a la educación, sino que luego de ello, el estudiante tendría que seguir un régimen de conducta, acompañamiento psicológico y aceptar compromisos para garantizar que su reincorporación al sistema educativo sea la adecuada. Eliminar la posibilidad de la expulsión, además de dejar un mal sabor en la boca de los agraviados, no produce otra cosa que la revictimización del agredido, ya que al final, casi siempre, por no decir siempre, el escolar acosado o agraviado opta por retirarse de la institución donde fue agredido.
(3) La tercera medida va por remoralizar la educación nacional, tanto pública como privada, a través de una sana síntesis entre ética para la educación cívica y tradición castrense, y por esto último nos referimos, simplemente, a buscar replicar el espíritu de lucha, de entrega y sacrificio, y de marcialidad y de respeto a la autoridad de lo castrense, al campo educativo, a través de la colaboración entre los institutos armados y los colegios a través de cursos de: a) formación cívica; b) supervivencia y manejo de emergencias; c) liderazgo y disciplina; d) tradición y costumbres castrenses (manejo del uniforme, desfiles conmemorativos, etc.). La educación nacional, a la fecha, no tiene un espíritu nacional. Hay que imprimírselo de grado fuerza. Esta demás decir que esta colaboración solo sería posible en el escenario de una reforma integral del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para eliminar las gollerías y corruptelas también presentes en los institutos castrenses. Nuestras fuerzas armadas no pueden continuar siendo desprestigiadas por razón de malos elementos en altos cargos.
(4) Finalmente, se recomienda la creación de la SUNEBA, la Superintendencia Nacional de Educación Básica, y que esta se encargue del proceso de licenciamiento de colegios públicos como privados. De la misma forma que se efectuó con las universidades y conforme a unas condiciones básicas de calidad.
